Fuerte tensión se respira en El Salvador luego de que el Congreso de ese país prohibiera las concentraciones públicas y privadas que no fueran de carácter deportivo o cultural.
La medida que tiene preocupados a los salvadoreños fue aprobada esta semana, pocos días después de que miles de personas salieran a las calles de San Salvador, capital de El Salvador, a levantar su voz contra el Gobierno de Nayib Bukele.
Según los informes, los ciudadanos que no se apeguen al dictamen del Congreso recibirán multas de hasta US$ 36 mil y la posibilidad de enfrentar un proceso penal por desobediencia.
En medio de toda la polémica que se ha generado en El Salvador, el presidente del órgano de Estado, Ernesto Castro, negó que la nueva medida sea para impedir concentraciones públicas contra el presidente Nayib Bukele.
El decreto legislativo que rige en El Salvador señala que hasta el 8 de diciembre no se podrán realizar actividades que "impliquen concentraciones masivas sin distanciamiento social".